Las probabilidades de sobrevivir a un infarto se pueden llegar a triplicar en función de la comunidad autónoma en que se sufra. Según los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud de 2019, la tasa de mortalidad prematura isquémica —es decir, las personas que fallecen en los 30 días posteriores a sufrir un infarto— en La Rioja es de 10 por cada 100.000 habitantes, la más baja de España. La cifra se dispara a 23 en Canarias o 33 en Ceuta, que tiene el peor dato.
“Esto pone de manifiesto las diferencias en la capacidad para prestar atención de urgencia de vanguardia y realizar intervenciones coronarias percutáneas primarias [técnica cuyo objetivo es restablecer el aporte de sangre al corazón]”, se asegura en el informe Estado de la Salud en la Unión Europea, que se acaba de presentar en Bruselas. “La calidad del tratamiento de agudos en el caso de enfermedades potencialmente mortales tales como el infarto agudo de miocardio ha mejorado de forma general en España en la última década y cada vez mueren menos personas tras haber sido hospitalizadas por esta dolencia. Estas mejoras reflejan una serie de cambios, entre los que se encuentran una mejor organización y coordinación de la atención de urgencias, que permite acceder con más rapidez a la trombólisis [procedimiento para deshacer un trombo —coágulo que bloquea el flujo sanguíneo—] y la ampliación de las intervenciones coronarias percutáneas primarias”, señala el estudio.
Aunque refleja un panorama en el que la accesibilidad al sistema sanitario es buena, con “necesidades insatisfechas de servicios bajas”, hay varias sombras en este sentido, como la atención bucodental y los tiempos de espera quirúrgicos, que comenzaron a aumentar después de 2011. Aquí también hay una gran desigualdad entre territorios. Los tiempos de demora para la artroplastia de cadera [cirugía para reemplazar la articulación dañada de la cadera], por ejemplo, son tres veces más elevados en algunas regiones.
En opinión de Faustino Blanco, secretario general de Sanidad, probablemente haya varias explicaciones a estas diferencias: “Tenemos que ver si ese diferencial entre comunidades no es un problema de calidad del sistema, que seguro que hay mejorar en términos de cohesión y calidad, sino que también influyen factores sociodemográficos, ambientales, riesgos laborales… En todo caso merece la pena ver cómo podemos contribuir a disminuir esas desigualdades con nuevas políticas, algo con lo que nosotros estamos muy comprometidos. El Ministerio, para ello, trabaja para que se actúe de aguas arriba, sobre esos determinantes, en prevención y promoción de salud”.
Javier Padilla, autor del libro ¿A quién vamos a dejar morir? (Capitan Swing, 2019), señala que ambos factores están presentes en los datos del informe. “Seguramente también vamos a encontrar desigualdades dentro de las propias comunidades. La mortalidad por infarto es una de las variables más críticas para evaluar el desempeño sanitario, pero para dar respuesta al problema no solo debemos mirar los datos de acceso, sino cómo funciona el sistema y de qué manera se correlacionan los datos con variables determinantes sociales en salud”. Pone el ejemplo de Andalucía y el País Vasco, donde además de haber variables de nivel de vida, un Gobierno (el de Euskadi) invierte un 50% más en salud que otro. “Eso es una decisión política”, zanja Padilla.